El fracaso de las “Jornadas 4x3”: Personas migrantes en Costa Rica y el riesgo de normalizar la sobreexplotación
En Costa Rica, el proyecto de ley conocido como “Jornadas 4x3”, presentado por las tendencias legislativas más radicales, ha fracasado una y otra vez. Más recientemente, esta semana fracasó su último intento para que fuera aprobado en el Congreso por “vía rápida”. Este proyecto ha requerido de sendos disfraces para tan siquiera parecer potable para el público costarricense. Se ha enmarcado esta abusiva ley como una propuesta técnica y necesaria para modernizar las relaciones laborales; se ha dicho de forma vaga y superficial que es una ley a favor de la eficiencia, flexibilidad y competitividad. Pero en la realidad, se trata de un desplazamiento regresivo del derecho laboral, una legalización anticipada de prácticas que ya existen en las sombras y una amenaza concreta para quienes ocupan los eslabones más vulnerables del mercado laboral costarricense: las personas migrantes.
Esta atroz iniciativa propone introducir una modalidad “excepcional” en Costa Rica, con turnos de 12 horas durante cuatro días consecutivos, seguidos de tres días de descanso; de ahí su nombre “4x3”. Esta reforma estaría dirigida a sectores que operan de manera continua o en franjas horarias internacionales, como la manufactura tecnificada, la industria de dispositivos médicos y los servicios corporativos, todas industrias que en nuestro país ya son altamente rentables para los inversores.
El proyecto propone que para las tres jornadas (diurna, nocturna y mixta) se permita el trabajo de 12 horas diarias y, a cambio, se elimine el pago tradicional de horas extra. En el régimen laboral ordinario vigente en Costa Rica, el límite legal diario es de 8 horas en jornada diurna, 6 horas en jornada nocturna y 7 horas en jornada mixta; así, todo el tiempo que exceda esos límites debe pagarse como hora extra, con un recargo del 50 % sobre el salario por hora ordinario. Es decir, dentro del sistema 4x3, las 12 horas que se trabajen cada día no se considerarán más como horas extraordinarias; en términos prácticos, plantea la reducción a la mínima expresión del régimen de horas extra y una redefinición legal de lo que antes se entendía como explotación laboral, en detrimento de los trabajadores.
Los radicales abolicionistas de las garantías sociales laborales que han propuesto este proyecto, argumentan que el consentimiento para acogerse al nuevo régimen debe ser “voluntario”, pero ese discurso de la “libertad de elección” es uno de los pilares más frágiles del proyecto. En la práctica, cualquier persona que haya trabajado un solo día de su vida de forma honesta sabe bien que pocas decisiones laborales son realmente voluntarias cuando se está atrapado en la precariedad.
Para una persona migrante con estatus irregular o en espera de resolución de refugio, rechazar una jornada impuesta por su jefe no es una decisión voluntaria ni una opción real. Lo que se presenta como “libre” es, en realidad, una coacción estructural encubierta. No basta con promocionar las leyes en los medios de comunicación y redes sociales; hay que examinar con profundidad el acceso al empleo, la regularización, la protección frente a la informalidad y las jerarquías de nacionalidad, clase y raza que configuran estos supuestos.
Una vez que el empresariado se adapte a sus turnos del 4x3 como la norma, difícilmente revertirá su estructura operativa por la voluntad individual de una persona trabajadora. Los sectores más radicales, en su afán de desmantelar las garantías laborales, sostienen que esta situación ya existe en la práctica, que muchas empresas ya aplican jornadas intensivas similares sin mayor fiscalización, y que, por lo tanto, legalizar el modelo 4x3 permitiría que estas operaciones se alineen formalmente con la ley. Pero ese razonamiento es insostenible: si se aplicara la misma lógica a otras áreas del derecho, deberíamos entonces legalizar el robo, el fraude o la evasión fiscal solo porque muchos los practican. La diferencia es que, cuando alguien roba de manera directa, se exige castigo, pero cuando el despojo se ejecuta a través de ficciones jurídicas que reducen el salario real y alargan la jornada sin reconocer horas extra, se presenta como una legítima aspiración empresarial a la eficiencia. Así, el derecho deja de ser un límite al poder económico para convertirse en su herramienta de legitimación de abusos.
El impacto que leyes regresivas como esta pueden tener sobre la población migrante no es un efecto colateral: es un objetivo implícito. Esta ley afecta desproporcionadamente a quienes ya están en condiciones de mayor vulnerabilidad: personas migrantes que trabajan en la construcción, la limpieza, el servicio doméstico o la manufactura de zonas francas. En estos sectores, su capacidad de negociación es mínima; su exposición al abuso, máxima. La posibilidad de perder el trabajo implica, para muchas personas en esta condición, el riesgo de perder también su estatus migratorio o de quedar atrapadas en una cadena de informalidad sin retorno.
Lo que se presenta como una reforma técnica es, en realidad, una apuesta política. Se privilegia la rentabilidad de muy pocos por encima de la dignidad de la mayoría.
En Justicia Migrante trabajamos para defender los derechos laborales de las personas migrantes en Costa Rica, especialmente frente a reformas regresivas como la propuesta 4x3. Si usted enfrenta regímenes abusivos en su trabajo como los que hemos descrito, amenazas por su situación migratoria o necesita orientación legal en el ámbito laboral, nuestro equipo le ofrece asesoría profesional, confidencial y accesible.
