Apatridia y Codificación: El Colapso de la Identidad Nacional
En el derecho internacional se reconoce como apátrida a toda persona que no sea considerada nacional por ningún Estado. Esta ausencia de un vínculo posible entre el individuo y cualquier autoridad es el núcleo que satura los marcos convencionales que definen a la condición humana a partir de su carencia. Las definiciones convencionales que se han pensado al respecto de las personas apátridas omiten la importancia que tiene la descomposición inminente de los paradigmas soberano-territoriales, y que es esta la génesis de una serie de paradojas internas que solo impulsan su eventual obsolescencia.
La identidad legal, vista como un “problema a resolver”, tal como la articulan los organismos dedicados a su mitigación, es un mecanismo de autoconservación del sistema Estado-nación. Estos sujetos colapsados son repelidos con fuerza, como una partícula residual que es acelerada a su terminal desintegración. La naturaleza de este sistema únicamente es capaz de definir a los sujetos de control desde la lógica inmanente del orden estado-céntrico, un orden que no es más que una maquinaria de codificación. La "problemática" de la apatridia no es una crisis de la humanidad, es un síntoma de las contradicciones internas del sistema estatal, que solo considera al sujeto humano un mero "huésped temporal" de procesos impersonales de escala geopolítica.
El Estado-nación, históricamente delimitado, es una fuerza conservadora y estabilizadora, un instrumento de la territorialización y codificación de poblaciones mediante derechos típicamente adquiridos a partir de la nacionalidad. Su función es fijar identidades y regular toda clase de flujos (de personas, de capital, de bienes y de información).
En la época contemporánea, marcada por un intenso desarraigo, impulsada por la búsqueda de la productividad infinita, que no encuentra freno ni en el propio poder de sus operadores, suceden procesos que erosionan la capacidad del Estado-nación de mantener su integridad. La creación de bloques supranacionales alrededor del capital financiero-tecnológico, cuyos presupuestos superan de forma astronómica los de muchos países, presenta un importante competidor que absorbe la demanda por gobernabilidad. Este proceso erosiona inherentemente la capacidad del Estado-nación para mantener su integridad territorial y su monopolio sobre la codificación de los sujetos.
Las convenciones internacionales, así como los esfuerzos estatales que intentan "resolver" la apatridia, son intentos de parchear un marco en creciente deterioro con herramientas que se están volviendo cada vez más anticuadas. Representan un esfuerzo por recuperar el control contra una corriente mucho más poderosa que se lo despoja. Este proceso es activamente acelerado por los operadores que explotan las incoherencias del sistema estatal moribundo. El Estado intenta generar nuevas normas para compensar la decadencia de sus funciones centrales, devaluando en última instancia el concepto mismo de derechos. A medida que la capacidad material del Estado para proveer seguridad y orden disminuye, queda al descubierto que recurrir a pronunciamientos normativos vacíos para mantener una ilusión de relevancia produce un efecto contrario. Su resultado es que, a medida que el sistema produce más “ruido” (palabras en un papel, sin fuerza simbólica), más pierde el control sobre el poder efectivo.
La emergencia y proliferación de figuras apátridas es funcional al "derretimiento" (meltdown) en curso del sistema. Representan puntos donde el viejo orden se ha quebrado, creando espacios para que nuevos procesos se afiancen. La entidad apátrida, por su misma falta de inscripción, deviene una suerte de movilidad potencial descargada de la inercia de las subjetividades tradicionales.
El "problema" de la apatridia, desde la perspectiva de un Estado en decadencia, es esencialmente un reflejo de su crisis permanente ante la falta de datos, control y unidades. Pero para el capital, especialmente para quienes buscan mano de obra barata, estas poblaciones "no contabilizadas" representan una reserva importante sin explotar de mano de obra o consumidores, eventualmente destinados a ser recodificados por mecanismos no estatales basados en el mercado. Este modelo, donde "los ciudadanos no pertenecen a ningún Estado, sino a las corporaciones", sugiere una reabsorción de la ciudadanía a través de una "membresía" corporativa que se vuelve cada vez más valiosa que los documentos de identidad nacional y pasaportes.
La actual "falta de identidad legal" es un problema para el viejo moribundo sistema estatal y cada vez más es una “oportunidad de hacer negocios” para un sistema no estatal de bloques corporativos.
Desde Justicia Migrante, creemos que enfrentar la apatridia requiere más que soluciones técnicas o legales. Acompañamos a personas migrantes en situaciones de exclusión jurídica y social, ofreciendo asesoría y acompañamiento. Si usted conoce a alguien que necesite apoyo o quiere sumarse a nuestra labor, escríbanos.
