Plataformas de Transporte y Derechos Laborales en Costa Rica
Aún en el año 2025, Costa Rica no cuenta con una ley específica que regule las aplicaciones móviles de transporte de personas. En su lugar, siguen vigentes normas antiguas sobre transporte remunerado, pensadas para servicios tradicionales como los taxis, autobuses o contratos de transporte regulados por el Código de Comercio. Estas normas exigen concesiones o permisos, que no se adaptan a la realidad de las plataformas digitales y como resultado, dichas plataformas operan en un vacío legal que obliga a quienes conducen para ellas a mantenerse en la informalidad.
Ante esta situación, es bien sabido que muchas compañías transnacionales intentan evadir ciertas responsabilidades mediante estrategias retóricas, como renombrar a sus conductores “socios colaboradores”. Pero en el derecho laboral costarricense, cambiarle el nombre a una relación no altera su verdadera naturaleza, es decir, aunque las leyes no reconocen explícitamente esta relación laboral, algunos jueces han determinado que, en la práctica, si existe una relación de subordinación y dependencia entre las plataformas y quienes conducen para ellas. Esto significa que se abre la posibilidad de que las personas trabajadoras en plataformas pueden exigir el reconocimiento de sus derechos laborales como: vacaciones pagadas, aguinaldo , seguro social y el pago de cargas sociales por todo el tiempo trabajado.
La relación laboral entre las empresas de las plataformas y las personas conductoras aún se encuentra en una zona gris. Es urgente en el país una nueva ley que defina con claridad las condiciones bajo las cuales se debe entender este tipo de trabajo. Aunque los intentos legislativos en años anteriores han fracasado, existe la esperanza de que, con la conformación de un nuevo plenario legislativo en 2026, se logre establecer las responsabilidades empresariales y los estándares mínimos que garanticen empleos dignos para quienes ejercen esta actividad.
Es importante reconocer que este tipo de trabajo ha ofrecido una fuente de ingresos digna a muchas personas. La tecnología permite horarios flexibles que benefician a estudiantes, madres, personas con otros empleos o quienes atraviesan situaciones de transición laboral. Por ello, se requiere un marco normativo que contemple esta flexibilidad, pero sin debilitar la justicia laboral ni sacrificar el aseguramiento de la población trabajadora. Es necesario avanzar hacia un sistema que reconozca distintas modalidades de formalización, permitiendo que cada persona trabajadora tenga acceso a una opción acorde con su realidad.
Justicia Migrante trabaja por el reconocimiento pleno de los derechos laborales de todas las personas trabajadoras, especialmente aquellas en situación de movilidad o informalidad. Desde una perspectiva legal crítica y comprometida, ofrecemos orientación a bajo costo, defensa legal y estrategias para la formalización del trabajo.
